La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia la sostenibilidad con la reforma de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios (2024/1275), una pieza imprescindible para cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. Este ambicioso marco normativo redefine el papel de los edificios en la transición energética, apostando por la descarbonización total del parque inmobiliario para 2050.
Actualmente, los edificios representan el 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía en la UE. El dato más preocupante: el 75% de los inmuebles son energéticamente ineficientes. Por ello, la Directiva fija como meta duplicar la tasa de renovación energética para 2030, con la actualización de 35 millones de edificios en toda Europa.
Además, establece hitos quinquenales obligatorios para la reducción del consumo energético residencial, asegurando un esfuerzo homogéneo entre los Estados miembros y permitiendo que cada país adapte la hoja de ruta a sus propias necesidades y capacidades.
Tres estrategias para la renovación y rehabilitación
La Directiva 2024/1275 propone tres mecanismos principales, ajustables a la realidad de cada país:
Certificado de eficiencia energética
Evalúa y certifica la eficiencia energética de un edificio mediante una escala de valores. La escala comprende desde la A, que significa una gran eficiencia energética, hasta la letra G que determina la ineficiencia energética. Este certificado, obligatorio para la venta o alquiler, detalla las características energéticas del edificio (aislamiento térmico, eficiencia energética de la calefacción y aire acondicionado y las energías renovables) y recomienda mejoras, incentivando la renovación y aumentando el valor de mercado de los inmuebles más eficientes.
El certificado generalmente tiene una validez limitada tras la cual debe ser renovado para reflejar cualquier mejora o cambio en las características energéticas del edificio.
En cuanto a los beneficios, el certificado actúa como un incentivo para realizar renovaciones energéticas, ya que un mejor desempeño energético puede aumentar el valor de mercado del edificio. Y al mismo tiempo, promueve la reducción de emisiones de CO2, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental de la UE. En tercer lugar, también ofrece una base sólida para la toma de decisiones de inversión relacionadas con mejoras en la propiedad ayudando a propietarios e inversores a evaluar el retorno económico de las inversiones en eficiencia energética.
Pasaportes de renovación
Ofrecen una hoja de ruta personalizada para la rehabilitación energética, con una evaluación exhaustiva del estado actual y recomendaciones detalladas por etapas, optimizando la gestión de los recursos disponibles y minimizando la interrupción del uso diario del edificio. El Pasaporte puede ser emitido juntamente con un Certificado de eficiencia energética, permitiendo que las recomendaciones detalladas en el pasaporte sustituyan las del certificado de eficiencia energética. Además, ofrece detalles adicionales y orientación específica sobre cómo llevar a cabo las mejoras energéticas recomendadas.
En cuanto a los beneficios que aporta al propietario, se destaca la claridad que aporta sobre las intervenciones necesarias y sus beneficios potenciales, como el ahorro de energía y la reducción de costos operativos. Por otro lado, el incremento del valor de los edificios al demostrar compromiso con la sostenibilidad y eficiencia energética. Y la fomentación de la inversión, ya que es una herramienta valiosa para obtener financiación. De esta manera, las instituciones financieras pueden considerar las mejoras planificadas al evaluar la viabilidad y el impacto de los proyectos de renovación.
Por lo tanto, facilita directamente la planificación a largo plazo de las renovaciones profundas.
En definitiva, ayuda a los propietarios a visualizar y programar intervenciones de renovación, lo que puede mejorar la gestión de recursos y la ejecución de proyectos.
Contratos de renovación a largo plazo
Estos contratos permiten implementar mejoras energéticas de forma escalonada y financiable, adaptándose tanto a la disponibilidad de recursos como a las necesidades cambiantes del edificio. Además, garantizan el cumplimiento de los objetivos energéticos establecidos y pueden incorporar nuevos incentivos financieros a lo largo del tiempo.
Gracias a este enfoque, los propietarios pueden planificar y presupuestar las mejoras energéticas de manera progresiva, minimizando el impacto económico inmediato de las renovaciones. Al mismo tiempo, estos contratos promueven la mejora continua, ajustándose a las variaciones en el rendimiento energético del edificio y a los avances tecnológicos.
A fin de cuentas, se trata de una herramienta importante para facilitar la realización de renovaciones profundas, que de otro modo serían inviables de abordar en una sola intervención, al permitir una aproximación gradual y financieramente sostenible.
Evaluación y recomendaciones de estrategias
La transformación del parque inmobiliario europeo hacia un modelo más eficiente y sostenible requiere estrategias diferenciadas que tengan en cuenta la diversidad de contextos nacionales. La tipología de los edificios, su antigüedad y dispersión, así como la capacidad económica y técnica de cada Estado miembro, condicionan en gran medida la elección de las medidas más adecuadas.
Por tanto, en aquellos países donde predominan los edificios antiguos y dispersos, los Pasaportes de Renovación se perfilan como una herramienta especialmente eficaz. Al permitir una planificación detallada y personalizada, facilitan la identificación de intervenciones prioritarias y la organización progresiva de las mejoras, ajustándose a las particularidades de cada inmueble. Esta aproximación gradual y estructurada es clave para optimizar los recursos disponibles y alcanzar mayores niveles de eficiencia. En contextos con limitaciones financieras, la opción recomendable son los Contratos de Renovación a Largo Plazo. Este modelo permite distribuir la inversión en el tiempo y reducir el impacto económico inmediato, haciendo posible avanzar hacia los objetivos de eficiencia energética sin comprometer la estabilidad financiera de los propietarios ni sobrecargar los presupuestos públicos. La previsibilidad y la flexibilidad que ofrece esta estrategia la convierten en una alternativa viable para muchos Estados.
Por su parte, en aquellos países con un mercado inmobiliario dinámico, el Certificado de Eficiencia Energética adquiere una relevancia particular. Este documento se convierte en un elemento clave dentro de las operaciones de compraventa y alquiler, y actúa como un incentivo para acelerar las renovaciones, ya que una mejor calificación energética puede traducirse en un mayor valor de mercado del inmueble. Además, contribuye a sensibilizar a la ciudadanía y a los agentes del sector sobre la importancia de la eficiencia energética.
Más allá de estas estrategias específicas según el contexto nacional, existen otras actuaciones que resultan fundamentales para el conjunto de los Estados miembros. Entre ellas, se establece como objetivo reducir el consumo medio de energía primaria en los edificios residenciales en un 16% para 2030, y alcanzar una reducción del 22% en 2035. Este avance irá acompañado de la exigencia de que todos los edificios de nueva construcción sean de cero emisiones a partir de 2030. En paralelo, se contempla la renovación del 43% de los edificios menos eficientes, tanto residenciales como no residenciales, lo que deberá traducirse en una reducción del 55% del consumo de energía primaria. Esta medida busca limitar el impacto ambiental del parque inmobiliario actual mediante una apuesta decidida por la rehabilitación.
Asimismo, la Directiva europea establece la eliminación progresiva de los sistemas de calefacción alimentados por combustibles fósiles, fijando la prohibición de subvencionar calderas autónomas de gasóleo o gas y la eliminación total de estos sistemas, tanto individuales como colectivos, para el año 2040. Otro aspecto fundamental es la incorporación de infraestructura para vehículos eléctricos en los edificios residenciales nuevos o sometidos a renovaciones importantes que afecten al aparcamiento o a la infraestructura eléctrica. En estos casos, se exigirá precableado para al menos el 50% de las plazas de aparcamiento, así como la instalación de conductos para cables eléctricos en las plazas restantes. En los edificios nuevos con más de tres plazas, deberá garantizarse la instalación de al menos un punto de recarga.
Adaptación nacional y plazos de cumplimiento
La aplicación efectiva de la nueva Directiva sobre eficiencia energética en edificios requiere una estrecha colaboración entre las instituciones europeas y los Estados miembros. Estos últimos tienen la obligación de transponer sus disposiciones a la legislación nacional dentro de los plazos establecidos, que suelen ser de dos años desde la entrada en vigor del texto normativo. Este proceso de adaptación no se limita a una simple incorporación formal, sino que implica la puesta en marcha de mecanismos concretos que garanticen su cumplimiento. Entre ellos se incluyen la creación de las estructuras necesarias para la emisión de certificados de eficiencia energética, el desarrollo de los pasaportes de renovación y la regulación de los contratos de renovación a largo plazo.
Además de esta labor legislativa y administrativa, los Estados miembros están sujetos a una serie de obligaciones sustantivas que les exigen un papel activo y constante en la planificación y supervisión de las políticas de renovación del parque inmobiliario. Deben establecer y actualizar regularmente sus planes nacionales de renovación, en los que se detalle cómo se prevé alcanzar los objetivos en materia de eficiencia energética y descarbonización. Estos planes deben reflejar una estrategia coherente, adaptada a las características del parque edificado nacional y alineada con los compromisos climáticos europeos.
Asimismo, los Estados están obligados a informar periódicamente a la Comisión Europea sobre los avances realizados, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo de las políticas nacionales. Esta supervisión permite detectar posibles desviaciones y adoptar medidas correctoras cuando sea necesario. Por último, se espera que las regulaciones nacionales no solo cumplan con los requisitos mínimos europeos, sino que también faciliten la implementación de las estrategias seleccionadas, eliminando barreras administrativas y fomentando la participación de los diferentes actores implicados en el proceso de renovación.
Fuente: OREVE
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