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Objetivo: crear las condiciones necesarias para asegurar el crecimiento a largo plazo,  fomentando y aportando herramientas a los entornos de negocios para que las  empresas puedan invertir y crear empleo con facilidad.  

La economía empieza a levantar cabeza tras el batacazo económico de 2020, pero  harán falta décadas para remendar el roto que deja la pandemia en el tejido  empresarial español. Según datos de Cepyme, en 2021 España ha perdido 40.000  empresas respecto a 2019, a lo que habría que sumar las que han cerrado  temporalmente, las que arrastran pérdidas o problemas de liquidez, las que para 

sobrevivir tuvieron que reducir su tamaño o las que ni siquiera pueden nacer por falta  de capital. De perpetuarse, esto podría frenar en seco el alcance de la recuperación. 

Atajar esta situación no sólo es necesario para asegurar que España vuelve a crecer,  sino también para meterle mano a una debilidad estructural que la empresa española  arrastra desde siempre. “El problema de la economía no es que las empresas sean  menos competitivas o productivas que en Alemania, Francia o Estados Unidos, sino  que tenemos pocas compañías con un tamaño y desarrollo necesarios que les  permitan desplegar toda su potencialidad”, explican fuentes del Ministerio de  Economía. Se trata de abonar el clima de negocios para que las empresas puedan 

invertir y crear empleo con facilidad, condiciones necesarias para asegurar un  crecimiento a largo plazo. 

La vicepresidenta y titular de Economía, Nadia Calviño, ya se ha puesto manos a la  obra con una de las reformas estructurales que presentará a Bruselas como parte del  Plan de Recuperación, la de la empresa española. La primera piedra se puso ayer,  cuando el Consejo de Ministros elevó a audiencia pública el anteproyecto de la Ley  de Creación y Crecimiento empresarial. Una nueva ley que además de facilitar el  nacimiento de sociedades por sólo un euro, castigará a las empresas morosas para  asegurar los pagos a tiempo y flexibilizará nuevas vías de financiación de compañías 

como el crowdfunding. 'El objetivo es hacer una reforma en el marco institucional que  nos permita reforzar las bases parala recuperación económica que ya ha arrancado  con fuerza. Queremos reforzar el sustrato micro de este proceso de recuperación y  crecimiento para aumentar la productividad, la inversión y la creación de empleo”, 

añaden desde Economía. 

El anteproyecto incluye un paquete de medidas distribuidas en tres pilares: 1) Agilizar  la creación de empresas, 2) Medidas regulatorias y eliminación de obstáculos a la  actividad y 3) Flexibilizar medidas de apoyo financiero. 

• Hasta 2022 no entrará en vigor. Aun así, la medida todavía tardará en ver la  luz. El Gobierno se ha marcado como objetivo tramitar el anteproyecto a lo  largo de este año para llevarlo al Consejo de Ministros. En el último trimestre  espera presentarlo en el Parlamento, por lo que hasta 2022 no se aprobaría  como proyecto de ley.

• Crear una empresa por 1euro. Una de las medidas estrella de la nueva ley es  que, a partir de su entrada en vigor, será posible crear una empresa con sólo  un euro, y no harán falta los 3.000 que ahora mismo se exigen. Se trata de  una iniciativa con la que han coqueteado en el pasado muchos gobiernos de  distinto signo político. Concretamente se eliminará el requisito de contar con  3.000 euros para constituir una Sociedad Limitada, reduciendo al mínimo de  1 euro la cuantía necesaria. “En la mayoría de países de nuestro entorno no  se exige un capital como el que pedimos en España. Pretendemos que ese  capital inicial no sea un obstáculo para que aquellas personas que están  pensando en montar una empresa lo puedan hacer”, añaden fuentes de  Economía. 

También se pretenden agilizar los trámites de creación de empresas, por  ejemplo, permitiendo que el proceso pueda solventarse de forma digital en sólo10 días. 

• Las empresas morosas no tendrán subvenciones. El Gobierno quiere poner  coto a la morosidad, un problema que asfixia a muchas empresas hasta el  punto de poner en riesgo su viabilidad, especialmente en momentos de crisis,  El problema es que en España no existe un régimen sancionador para quien  no pague a tiempo. Esto hace que, a día de hoy, el plazo medio de pago-se  sitúe en 94,13 días, muy por encima del plazo de 30-60 días que establece la  ley. Pero a partir de la entrada en vigor de la ley, cumplir los plazos de pago 

se convertirá en un requisito necesario para el acceso a las subvenciones públicas: “No podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que  incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley”, señala el texto al que  ha tenido acceso este diario. Para ello se modificará la Ley de Contratos  Públicos. 

Pagar a tiempo también será criterio para poder optar a contratos de obra  pública, “para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio  pactado con los subcontratistas”. Se modificará la Ley General de Subvenciones. 

• ¿Quién se pasará de plazo? La nueva ley tendrá como base los plazos de pago  de la Ley de Morosidad. Según esta medida, en el caso de que se haya  acordado un día concreto de pago, el plazo de pago no podrá superar los 60  días naturales desde la recepción de la factura. En cambio, si no se hubiera 

pactado un día de pago, el plazo no podrá exceder los 30 días naturales. 

• ¿Cómo se controlarán los retrasos en el pago? Hay dos herramientas que  servirán al Gobierno para evaluar el éxito de su medida contra la morosidad,  La primereas la generalización de la factura electrónica. La nueva ley ampliará  la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y  autónomos, lo que garantizará la trazabilidad y control de pagos. Para que  no suponga un coste para las empresas irá incluida dentro de paquete de  servicios subvencionados. En segundo lugar, se creará un Observatorio de la 

morosidad, que llevará un seguimiento de la evolución de los periodos de  pago y de la aplicación de la normativa.

• Actividades exentas de licencia. La nueva normativa también modifica la Ley  de medidas de liberalización del comercio. Concretamente ampliará el  catálogo de actividades económicas exentas de licencia e incorporará al  listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido 

consideradas inocuas por a) menos, una Comunidad Autónoma. 

• Facilidades para reclamar cuando se impide la libre actividad. El Gobierno modificará la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para que las empresas  o consumidores que encuentren dificultades en una comunidad debido a una  mala praxis puedan comunicarlo. Concretamente se reforzarán las ventanillas  en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las  Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica o  impiden la libre actividad. 

• Flexibilizar la financiación no bancaria. Otro de los grandes problemas que  afrontan muchas empresas de nueva creación, junto a la propia inversión de  partida, es el acceso a fuentes de financiación que den un primer impulso a  la compañía. “Una gran parte de la financiación se canaliza a través del  sistema bancario, pero sabernos que el crecimiento empresarial requiere y  agradece otros instrumentos más adaptados a etapas tempranas”, explican  desde Economía. Por ejemplo, habrá mejoras en la inversión colectiva y de  capital riesgo, y también se flexibilizará la regulación sobre financiación  colaborativa (crowdfunding) para que estas plataformas puedan tener más  impulso. En el caso del crowdfunding, se flexibilizará la inversión para  inversores minoristas, a un límite único de 1.000 euros o el 5% de la riqueza,  y se facilitará que puedan invertir por encima de ese límite. 

Fuente: EXPANSIÓN - ANÁLISIS – por Inma Benedito – 28 JUL. 2021