La transición energética del hogar avanza, pero aún quedan barreras que frenan una rehabilitación realmente eficaz. En el informe de OREVE 2025, se recogen una serie de recomendaciones dirigidas a administraciones públicas, profesionales y ciudadanía, con el objetivo de mejorar la calidad de las intervenciones, reforzar la seguridad de las viviendas y acelerar la descarbonización del parque residencial español. Estas recomendaciones ponen foco, sobre todo, a la importancia estratégica de la instalación eléctrica, a menudo invisible pero imprescindible para afrontar los nuevos usos energéticos del hogar, especialmente en un momento en el que la electrificación crece y donde el contexto español exige actuaciones urgentes y coordinadas.
Recomendaciones dirigidas a la administración pública
Simplificar y agilizar las ayudas a la rehabilitación: reducir trámites, clarificar requisitos y acortar los tiempos de resolución y cobro, evitando que los propietarios renuncien (actualmente casi un 40% desiste).
Incorporar información técnica obligatoria en la compraventa y alquiler de viviendas usadas: establecer un informe independiente sobre el estado real del inmueble, las necesidades de rehabilitación y su coste estimado, especialmente en viviendas de segunda mano. Este informe debe incluir una evaluación de la instalación eléctrica. Esta evaluación de la instalación eléctrica de la vivienda debería formar parte de su Certificado de Eficiencia Energética, así como del Pasaporte de Renovación.
Incorporar mecanismos de control de las instalaciones eléctricas: implantar inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas, equiparables a otros aspectos de la edificación.
Condicionar operaciones inmobiliarias: exigir un informe técnico del estado de la instalación eléctrica en compraventas o alquileres, garantizando seguridad, transparencia y un valor justo del inmueble.
Incorporar la instalación eléctrica en las ayudas públicas: destinar al menos un 10% de las ayudas de rehabilitación a la actualización eléctrica, en consonancia con su peso real en los costes.
Campañas de sensibilización ciudadana: comunicar de forma clara los beneficios de la rehabilitación energética, no solo ambientales, sino también de confort, salud y ahorro económico a medio y largo plazo.
Recomendaciones dirigidas a los profesionales y técnicos en la rehabilitación
Reforzar la prescripción técnica con herramientas pedagógicas: elaborar informes y simulaciones sencillas que permitan visualizar el impacto positivo de invertir en eficiencia energética y electrificación, frente a centrarse solo en la estética.
Acompañar al cliente desde la fase de compraventa: ofrecer servicios de asesoría previa en viviendas de segunda mano para informar al comprador sobre el estado del inmueble y los costes de rehabilitación necesarios.
Integrar financiación y propuesta técnica: colaborar con entidades f inancieras y aseguradoras para presentar presupuestos acompañados de soluciones de financiación y acceso a ayudas.
Formar al cliente en el “coste total de propiedad”: explicar que una vivienda ineficiente genera un sobrecoste energético acumulado que supera con creces la inversión inicial en eficiencia.
Participar activamente en oficinas de rehabilitación y ventanillas únicas: reforzar la cooperación colegial y sectorial para ofrecer servicios integrales, desde la gestión de ayudas hasta la ejecución de las obras, aumentando la confianza de los propietarios.
Adoptar un discurso combinado de seguridad y bienestar: equilibrar argumentos de riesgo (incendios, electrocuciones, daños, obsolescencia ante nuevos usos electrificados) con beneficios de bienestar y modernidad (movilidad eléctrica, digitalización, autoconsumo, bombas de calor), adaptando el mensaje según la receptividad del cliente.
Recomendaciones dirigidas a la ciudadanía
Valorar la rehabilitación “energética” como inversión estratégica: entender que no solo mejora el confort inmediato, sino que revaloriza el inmueble a medio y largo plazo.
Exigir información técnica antes de comprar una vivienda: contar con un informe profesional sobre el estado real del inmueble y de sus instalaciones para tomar decisiones fundamentadas.
Incorporar la eficiencia energética en los criterios de compra: además de ubicación y superficie, priorizar el estado de las instalaciones, el aislamiento y la climatización como factores decisivos.
Actualizar la instalación eléctrica como condición básica: verla no solo como un requisito de seguridad, sino como infraestructura imprescindible para electrificar consumos futuros (movilidad eléctrica, autoconsumo, climatización eficiente).
Solicitar ayudas disponibles y apoyarse en técnicos especializados: aprovechar las líneas públicas de financiación y asesorarse en oficinas de rehabilitación o con profesionales colegiados para no desaprovechar oportunidades de apoyo económico.
Pensar en el “coste energético futuro”: asumir que una vivienda ineficiente genera una “hipoteca energética” con sobrecostes mensuales que afectan al bienestar y a la economía familiar.
Estas recomendaciones ponen de manifiesto que este cambio solo será posible si administraciones, profesionales y ciudadanía caminan en la misma dirección, simplificando procesos, fortaleciendo el asesoramiento y situando la instalación eléctrica en el centro de la conversación. Ahora es el momento de actuar con visión a medio- largo plazo y apostar por viviendas que no solo reduzcan emisiones, sino que mejoren nuestro bienestar diario y refuercen la sostenibilidad del país.
Fuente: OREVE
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