La jornada organizada por Naturgy y el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) reunió a representantes institucionales, técnicos y agentes sociales con un objetivo compartido: repensar la rehabilitación energética como una herramienta clave para la transformación urbana y la justicia climática. Bajo la premisa de que la transición energética debe ser socialmente inclusiva, técnicamente viable, económicamente realista y ambientalmente sostenible, el encuentro sirvió para poner en común experiencias, retos y propuestas en torno a un proceso de cambio que afecta directamente al parque edificatorio y, por extensión, a la calidad de vida de la ciudadanía.
El evento se estructuró en dos mesas redondas. Este primer artículo se centra en la primera de ellas, dedicada al papel de los fondos europeos Next Generation en la rehabilitación energética, los principales retos técnicos de su implementación y las soluciones emergentes que pueden acelerar el cambio.
Una oportunidad histórica: los fondos Next Generation
Los fondos Next Generation EU, impulsados por la Unión Europea para reactivar la economía tras la pandemia, han marcado un antes y un después en el impulso a la rehabilitación energética. Concebidos como un instrumento de transformación estructural, estos recursos han permitido ampliar de forma significativa el volumen de intervenciones y han situado la eficiencia energética en el centro de la política pública de vivienda.
Durante la primera mesa redonda, se analizó el impacto de estas ayudas en el contexto catalán y español, así como los retos normativos, técnicos y sociales que condicionan su despliegue efectivo.
Balance de resultados y obstáculos del despliegue
La mesa fue moderada por Manuel Calvo, director de Energía y Medioambiente de la Fundación Naturgy. La primera intervención corrió a cargo de Marta Martínez, directora del programa de fondos Next Generation de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, quien ofreció un balance detallado del despliegue de los recursos europeos.
Según Marta Martínez, el ritmo de rehabilitación se ha acelerado notablemente gracias a estas ayudas: mientras en el bienio 2021-2022 se actuaba sobre unas 1.000 viviendas anuales, se prevé cerrar el periodo con más de 35.000 viviendas rehabilitadas. No obstante, advirtió que este crecimiento ha venido acompañado de importantes dificultades, como la complejidad administrativa, la falta de coordinación técnica, el aumento de los costes —con una media de 41.000 euros por intervención— y las dificultades para alcanzar consensos en comunidades de propietarios. Estos factores han obligado a rebajar el objetivo inicial de 50.000 actuaciones.
Marta Martínez subrayó también que, pese al volumen de fondos disponibles, muchas familias no consideran viable la rehabilitación sin una subvención directa. Por este motivo, defendió la necesidad de establecer convenios con colegios profesionales, entidades financieras y administradores de fincas, para facilitar anticipos económicos, simplificar los trámites y reducir las barreras de acceso a las ayudas. Además, remarcó que el cambio de modelo debe ser estructural: la rehabilitación no puede depender indefinidamente de fondos extraordinarios, sino que debe consolidarse como una práctica habitual y asumida socialmente.
La dimensión técnica: emisiones, eficiencia y gestión
La segunda intervención fue a cargo de Lluís Morer, jefe del Área de Ahorro y Eficiencia Energética del Institut Català d’Energia (ICAEN). Lluís Morer aportó una visión técnica del contexto actual, recordando que el sector edificatorio genera el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que más del 60% de los edificios existentes se construyeron antes de que entraran en vigor normativas de eficiencia energética.
En este marco, el objetivo nacional de rehabilitar 1,3 millones de viviendas antes de 2030 exige una media de 80.000 intervenciones anuales, una cifra muy lejos de la realidad. Lluís Morer alertó además de que cerca del 40% de los proyectos iniciados no llegan a completarse con éxito, principalmente debido a una gestión inadecuada que genera frustración entre propietarios, pérdida de recursos públicos y desgaste en los equipos técnicos implicados.
Soluciones híbridas y herramientas complementarias
Frente a estas dificultades, Lluís Morer presentó diversas soluciones técnicas y regulatorias. En el ámbito de la climatización, destacó la bomba de calor como una alternativa eficiente a las calderas de gas en intervenciones individuales. Sin embargo, reconoció que su implantación está limitada en muchos casos por la falta de espacio disponible en las viviendas. Como respuesta, propuso modelos híbridos que combinan bombas de calor de menor tamaño con calderas preexistentes, permitiendo cubrir hasta el 80% de la demanda térmica con energía renovable y relegando a la caldera el 20% restante. Esta solución técnica ofrece una transición progresiva, viable y menos invasiva, evitando grandes obras.
Además, se abordaron herramientas financieras y administrativas que podrían complementar o incluso sustituir los fondos europeos en ciertos casos. Entre ellas, los Certificados de Ahorro Energético (CAES) destacan por su agilidad y menor carga burocrática, lo que los convierte en una vía eficaz para impulsar proyectos de rehabilitación con mayor rapidez. También se plantearon otros incentivos, como deducciones fiscales, una comunicación más clara y eficaz sobre los beneficios reales tras la intervención, y la posibilidad de establecer obligaciones normativas que aceleren el proceso desde el marco regulador.
Más allá de los recursos económicos y las soluciones técnicas, la mesa redonda evidenció la necesidad de un enfoque sistémico que conecte la planificación urbana, la sostenibilidad energética y la justicia social. La rehabilitación energética no puede entenderse solo como una mejora técnica del edificio, sino como una política pública de primer orden que incide directamente en la salud, el bienestar y la equidad. Aprovechar el impulso de los fondos europeos exige, por tanto, no solo voluntad política y recursos financieros, sino también una visión capaz de integrar actores diversos, simplificar los procesos, comunicar mejor los beneficios y garantizar que nadie quede atrás en la transición energética.
Fuente: OREVE
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