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Mª Cristina Martínez-Tercero Molina

Directora legal Grupo INTEGRA para ADIME

La inteligencia artificial ya está presente en nuestras vidas, personales y profesionales, y el sector eléctrico no es una excepción.

Si en tu empresa no se utiliza la Inteligencia Artificial, no tardará mucho en utilizarse para anticipar averías en subestaciones, revisar la calidad de cables y componentes, optimizar redes inteligentes o gestionar pedidos y existencias. Esto obliga a las empresas del sector a mirar no solo la eficiencia técnica de sus productos o servicios, sino también a revisar si los mismos están sujetos a cumplir con el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act.

Las empresas necesitan identificar desde ahora qué soluciones utilizan, qué función cumplen y qué riesgos pueden generar. Posponer esta toma de acción puede dejar poco margen para corregir procesos, contratos y documentación cuando se requiera. Todo ello sin olvidar que se trata de una obligación exigible por la normativa y cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones.

Un calendario regulatorio que obliga a prepararse

El AI Act se aplica de forma gradual, por lo que deberemos tener en cuenta qué aspectos están en vigor y por tanto son de obligado cumplimiento.

¿Qué está vigente?

• Prácticas prohibidas

• Modelos de uso general

• Alfabetización

• Transparencia

¿Qué ha quedado diferido con el llamado Ómnibus digital?

• Sistemas de alto riesgo (anexo III): 2 de diciembre de 2027

• Sistemas de alto riesgo por marcado CE: 2 de agosto de 2028

Es decir, el IA Act ya está en vigor salvo en aquellos requisitos más estrictos para determinados sistemas de alto riesgo, que han sido aplazados. Ahora bien, este margen no justifica aplazar el trabajo. Al contrario, las empresas del sector deben aprovechar este tiempo adicional y empezar a clasificar sus sistemas de IA, documentar su finalidad y comprobar qué obligaciones corresponden en cada caso. Cumplir con lo que ahora es exigible es la base para no caer en infracciones futuras.

Por qué esta norma afecta de lleno al sector eléctrico

Aquí está el matiz que muchas empresas pasan por alto: el AI Act no regula solo “aplicaciones de IA” en abstracto, sino también los sistemas de IA integrados como componentes de seguridad, en productos que ya están sujetos a legislación de armonización europea como, por ejemplo, la Directiva de Baja Tensión o el Reglamento de Máquinas. Y esto impacta de lleno con el sector eléctrico.

Así, un sistema de IA que controla el corte automático de un cuadro eléctrico, que gestiona la protección térmica de un transformador, o que supervisa en tiempo real la estabilidad de una instalación fotovoltaica conectada a red, puede entrar en la categoría de alto riesgo si su fallo compromete la seguridad física de personas o instalaciones.

De hecho, la calificación como sistema de alto riesgo no depende únicamente de que un fallo pueda causar daños. También exige comprobar si el producto está incluido en el marco normativo previsto por el Reglamento y si debe someterse a una evaluación de conformidad por un tercero. Esta revisión se conecta con el marcado CE y con las normas técnicas que desarrollarán los sistemas de gestión de calidad exigidos a los proveedores de IA de alto riesgo.

Por tanto, no solo es cierto que el IA Act afecta desde ya al sector eléctrico, con el uso de IAs generativas o de procesos, sino que además es necesario prepararse para cuando entren en vigor las normativas relativas a los sistemas de alto riesgo, ya que el estándar de cumplimento se verá muy reforzado.

Qué significa esto en términos prácticos para una empresa del sector

Son muchas las acciones a poner en marcha o aspectos a tener en cuenta la hora de implementar la normativa. Aquí indicamos algunos que entendemos son prioritarios:

• Inventariar los sistemas de IA reales, no solo los evidentes: desde chatbots de atención al cliente hasta algoritmos de mantenimiento predictivo o de optimización energética.

• Aclarar qué papel desempeña la empresa. Debe determinarse si actúa como proveedor, porque desarrolla un sistema o lo comercializa con su propia marca; o como responsable del despliegue, porque utiliza una solución de un tercero en sus procesos. Esta distinción importa porque las obligaciones cambian según el papel asumido y según el uso concreto del sistema.

• Revisar contratos con proveedores tecnológicos, especialmente cláusulas de reparto de responsabilidad cuando un sistema de IA forma parte de un producto o instalación eléctrica final.

• Anticipar los requisitos de transparencia ya vigentes desde agosto de 2026, que afectan por ejemplo a contenidos generados por IA. No obstante, no todo contenido generado con IA debe etiquetarse del mismo modo. La empresa tendrá que comprobar qué obligación corresponde según el tipo de sistema, la forma en que se presenta el contenido y el contexto de uso. Esta revisión puede afectar a catálogos, informes técnicos y comunicaciones comerciales cuando incorporen materiales generados o manipulados mediante IA.

El riesgo de no actuar

Considerando todo lo anteriormente explicado, es importante recalcar que el coste de la inacción no es solo el riesgo en el que se sitúa la empresa ante una posible sanción, sino que también puede afectar a su posición comercial y a su reputación en el mercado.

Algunos grandes clientes, y determinados procedimientos de contratación, ya piden información sobre el uso responsable de la IA, la gestión de riesgos o el cumplimiento normativo, dentro de sus procesos de diligencia debida.

Una empresa que no pueda explicar qué sistemas utiliza, quién responde de ellos, o qué controles aplica, tendrá más dificultades para superar evaluaciones de proveedores y justificar su solvencia técnica. Prepararse con antelación permite responder con documentación consistente, y evita improvisaciones cuando una oferta o un contrato exigen evidencias concretas.

La seguridad de la IA ya forma parte del cumplimiento cotidiano. Afecta a la forma en que se diseñan y comercializan determinados productos, al reparto de responsabilidades con proveedores y clientes, y a la capacidad de acreditar garantías ante el mercado. Tratarla como una cuestión separada o puramente ética supone ignorar sus efectos reales sobre la actividad empresarial.

La respuesta más recomendable no pasa por crear una estructura paralela de cumplimiento, sino por incorporar la IA a los mecanismos que la empresa ya utiliza para gestionar productos, proveedores, calidad y seguridad. Un inventario actualizado, una asignación clara de responsabilidades y una documentación coherente permiten avanzar de forma proporcionada. También facilitan responder a clientes, autoridades y socios comerciales con evidencias, en lugar de depender de declaraciones generales.

Prepararse con tiempo reduce costes de adaptación y evita que la regulación se convierta en un problema cuando el sistema ya está integrado en un producto o en un proceso crítico.

Artículo de Mª Cristina Martínez-Tercero Molina

Directora legal Grupo INTEGRA para ADIME